Los promotores inmobiliarios solicitan al Ayuntamiento de Murcia un mayor diálogo con el sector
El pasado miércoles 17 de febrero la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia (APIRM) se reunió con la Concejalía de Urbanismo y Transición Ecológica del Ayuntamiento de Murcia, representada por el concejal Andrés Guerrero y el subdirector Jesús López.
La Asociación de Promotores trasladó al concejal su preocupación por las actuaciones recientemente llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Murcia en relación con las liquidaciones de tasas de ocupación de vía pública por el vallado de las obras, y las revisiones del ICIO (coste de la licencia). En el momento de asfixia que viven el sector promotor y constructor, motivado por el encarecimiento de los costes de Construcción por el alza del precio de los materiales y de la mano de obra, estas medidas empeoran aún más la situación al cobrar más por las desviaciones de costes que se están produciendo y por la ocupación y vallado del perímetro de las obras obligada por Seguridad y por exigencias de la construcción.
Por este motivo se ha solicitado al concejal la disminución de las tasas de ocupación de vía pública y una bonificación en el ICIO, de forma que no se encarezca aún más el coste de la vivienda en Murcia, habida cuenta de las dificultades de acceso que se está evidenciando en numerosos colectivos de la sociedad, sobre todo los jóvenes.
También se ha solicitado una mayor interlocución con el sector para buscar soluciones a los numerosos problemas que tiene el municipio de Murcia en estos momentos en materia de vivienda y de urbanismo.
Entre estos problemas, por su importancia, hay que destacar el tema de la inundabilidad, en el que el sector en su conjunto ha demandado una mayor intervención. La última cita con el sector, compuesto por los Colegios Profesionales (Arquitectos, Ingenieros y Aparejadores), la Federación de la Construcción (FRECOM) y la Asociación de Promotores (APIRM) se produjo el día 15 de diciembre de 2021. Se solicitó por tanto una reunión con el conjunto de Colegios Profesionales y Organizaciones Empresariales implicadas.
Se volvió a trasladar al concejal la opinión del sector, ya manifestada en prensa, de que el problema de inundabilidad de Murcia no se está resolviendo con las medidas adoptadas. Es necesario revisar los mapas de inundabilidad, que claramente sobredimensionan el problema, y mientras no se tenga un documento preciso y ajustado a la realidad, es urgente buscar una solución para no aplicar los mapas existentes (que entendemos tampoco han sido debidamente tramitados). También se expuso la situación desesperada que viven los propietarios en la zona de Zarandona, en la que se está pagando la urbanización (mas del 70%), el Ayuntamiento ha cobrado importantes cantidades relacionadas con el Plan especial de Infraestructuras y no se han desbloqueado las licencias por ser Zona de Flujo Preferente no urbanizada en 2016, al ser considerados por este motivo suelo rural. En esta zona hay más de 400 viviendas que están o bien tramitando las licencias o a la espera de presentarlas cuando se continúe con la tramitación.
Las licencias en estas zonas de flujo preferente continuarán su tramitación en cuando el municipio de Murcia sea declarado de alta inundabilidad, decisión que se nos manifestó está a la espera de un informe de la CHS que han vuelto a solicitar. A partir de la declaración, estos terrenos podrán obtener licencia, si bien seguirán los propietarios haciéndose responsables de los riesgos reflejados en los mapas, claramente excesivos.
Para solucionar definitivamente el riesgo de inundación de Murcia, lo primero que se debería estar haciendo desde el Ayuntamiento y el Ministerio es acometer las obras necesarias para eliminarlos, sobre todo en este momento en el que existen fondos europeos destinados a solucionar problemas de inundabilidad. Se recordó al Concejal que hay 450.000 personas viviendo en la ciudad y que su seguridad debería ser la prioridad de la administración.
A la vez que se solicitó la ejecución de estas obras, se volvió a pedir la revisión del Plan Especial de Infraestructuras aprobado en 2005, de las obras que contiene y de su financiación, dado que impone a los propietarios la obligación de financiar, entre otras, importantes infraestructuras hidráulicas, y su coste ha motivado la imposibilidad de desarrollo de gran parte de la zona norte y este de la ciudad.
Por último, se instó a mejorar la tramitación de los expedientes administrativos, pues no se está observando la mayor agilidad tantas veces demandada.
