La fiscalidad inmobiliaria en muchas ocasiones se ve afectada por cuestiones urbanísticas o registrales. Reflexionaremos sobre algunos de los pronunciamientos más recientes y relevantes de los tribunales, en el ámbito de impuestos como el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, ICIO o en los actos de valoración catastral. Asimismo, analizaremos el mecanismo de coordinación entre Catastro y Registro de la Propiedad, introducido en la Ley 13/2015; esta integración podrá dar lugar por un lado a una reducción de cargas administrativas, pero también a riesgos y controversias que es conveniente anticipar.

De otro lado, La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común (LPAC), persigue impulsar una Administración totalmente electrónica, interconectada y transparente. A tal fin, plantea una gestión electrónica integral del procedimiento, por la Administración y por los administrados, desapareciendo para las personas jurídicas y ciertos colectivos la voluntariedad en el empleo de medios electrónicos. El hecho de que las Administraciones Públicas apliquen criterios dispares, unido al desconocimiento de las propias personas jurídicas de la obligatoriedad  de relacionarse con la Administración por medios electrónicos viene generando, en la práctica, riesgos de gestión en las empresas en sus relaciones con la Administración, de los que conviene tomar consciencia y, a ser posible, atajar.

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