El nuevo Plan Estatal de Vivienda (PEV) 2026–2030, que destina a la Región de Murcia 308 millones de euros, se le queda muy corto a promotores inmobiliarios y asociaciones de inquilinos de la Región, y, aunque las razones que esgrimen para rechazarlo son distintas, coinciden en criticar la «insuficiente» financiación por parte de las administraciones públicas.
Desde la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia (APIRM), su presidente José Ramón Blázquez considera que este nuevo PEV «es mejor que el anterior aunque, en estos momentos de crisis profunda social y de vivienda, debería haber sido más ambicioso».
«Las ayudas son mucho más justas, eficaces y se distribuyen de forma más ágil y equitativa cuando se hacen vía reducción de impuestos, mecanismo que no se utiliza en este Plan y que debería haberse incorporado.»
José Ramón Blázquez — Presidente de APIRM
Además de reclamar «presupuestos mucho más generosos», Blázquez echa en falta «una apuesta más decidida por la compraventa, que es lo que realmente soluciona el problema de las familias al permitirles capitalizar el ahorro y enfrentarse a la jubilación en mucho mejores condiciones».
Puntos clave de la posición de APIRM
- El PEV 2026–2030 es un avance respecto al anterior, pero insuficiente ante la crisis de vivienda actual.
- El modelo de cofinanciación (40 % a cargo de las CCAA) penaliza a territorios mal financiados como Murcia.
- La Región deberá aportar 123 de los 308 millones asignados, mermando su capacidad inversora.
- Las ayudas deberían instrumentarse mediante reducción de impuestos, no solo subvenciones directas.
- El Plan introduce por primera vez desde 2011 ayudas a la compraventa en suelo privado: un aspecto positivo.
- Se valora la ayuda a obras de urbanización como palanca para generar nuevos suelos protegidos.
El presidente de APIRM también lamenta que el modelo de cofinanciación con las comunidades autónomas —que tendrán que asumir el 40 % del coste— perjudica a aquellos territorios peor financiados, como la Región de Murcia, «pues en paralelo no se aborda este problema que tanto reduce la capacidad de inversión en nuestra Comunidad». Murcia financiará 123 de los 308 millones asignados.
En APIRM creen que el grueso de las ayudas debería financiarse desde el Estado «y no dificultar en aquellas CCAA mal financiadas la solución al problema de la vivienda». La asociación subraya que la disparidad en los sistemas de financiación autonómica genera asimetrías estructurales que ningún plan habitacional puede ignorar.
Con todo, Blázquez reconoce que «el Plan mantiene la línea general de este Gobierno de apostar por el alquiler frente a la compra, si bien por primera vez desde 2011 introduce ayudas a la compraventa de viviendas en suelo privado, que entendemos es la parte más eficaz del documento, para las que exige la protección permanente de por vida».
Otro aspecto que APIRM valora positivamente es la ayuda al pago de las obras de urbanización, «que tanto están dificultando en este momento la generación de nuevos suelos, en aquellas urbanizaciones destinadas a este tipo de viviendas». La asociación entiende que este mecanismo puede ser un catalizador efectivo para incrementar la oferta de vivienda protegida a corto y medio plazo.
