El cuidado del Medio Ambiente se ha convertido en una de las demandas fundamentales de nuestra sociedad, todos hemos tomado conciencia de la importancia de conservar y mejorar el entorno en el que se desarrolla nuestra vida y la de nuestros hijos, con especial atención a la naturaleza que nos rodea.
Es cierto que durante muchos años la actividad humana ha sido excesivamente agresiva con el entorno y en el pasado se han hecho muchas cosas mal perjudicando el medio natural, pero también es cierto que en la actualidad estas prácticas no están permitidas y han desaparecido por el profundo cambio que ha sufrido la conciencia social y la legislación en materia medioambiental. Sin embargo, hemos establecido una normativa tan compleja y hemos puesto tanta presión sobre las personas que tienen que autorizar los nuevos proyectos en el ámbito medioambiental que lo que hemos conseguido ha sido parar la actividad e impedir y retrasar las autorizaciones de todo tipo de proyectos, llegando al extremo de considerarlos agresiones al medio ambiente sin evaluar sus efectos positivos. Lo cierto es que esta dinámica afecta enormemente a nuestras vidas, porque nos impide mejorar nuestro entorno, mejorar el medio en el que vivimos y prosperar.
En esta situación, el nuevo consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, se hizo cargo de la Consejería en verano de 2019. Terminado este, tuvo que hacer frente a la desastrosa situación del Mar Menor, a cuatro DANAS, lluvias torrenciales que han devastado parte de nuestro territorio y han agravado aún mas la situación del Mar, y nada más comenzar el año 2020 a una Pandemia, el COVID 19, que ha puesto patas arriba nuestras vidas y las de todo el planeta. El coronavirus ha complicado mucho el trabajo en los sectores que precisan de relaciones sociales y ha provocado la crisis económica mas profunda de nuestra historia.
El Sector Inmobiliario es uno de esos sectores que pueden desarrollar su actividad por el bajo riego de contagio que supone, y está llamado a ser un motor importante de la economía nacional y regional en estos momentos. Para hacer esto posible, es necesario tomar una serie de medidas desde la administración que permitan agilizar y simplificar una actividad muy condicionada por la burocracia administrativa, y el Medio Ambiente es sin duda la asignatura pendiente mas importante que tenemos. En este sentido la Consejería ha impulsado valientemente un Decreto Ley, que se está tramitando actualmente como Proyecto de Ley, del que hablaremos mas adelante.
Nos ponemos en contacto con Antonio Luengo para analizar con él la problemática medioambiental que vive nuestra región, centrada en el Mar Menor y en la parálisis de los expedientes, y mejoras que valientemente se están proponiendo desde su consejería para solucionar los problemas.
En primer lugar, ¿Cómo ha vivido esta situación la Consejería?
Lógicamente, la situación la vivimos con mucha preocupación, lo que no impidió que se adoptaran desde el primer momento las medidas organizativas necesarias para el cumplimiento de las directrices establecidas por las autoridades sanitarias, poniéndonos a disposición de las necesidades que iban surgiendo.
En el ámbito interno de la propia Consejería y centros dependientes, manteniendo sólo los puestos de trabajo imprescindibles para la prestación de los servicios considerados esenciales, permaneciendo el resto en teletrabajo (hasta un 80% de sus empleados se dieron de alta en la plataforma habilitada). Un comportamiento ejemplar y necesario para impedir que la administración se viese afectada, y por tanto los servicios a los ciudadanos, por lo que quiero reconocer su labor y agradecer el papel de los empleados públicos durante la pandemia.
Y por lo que respecta al sector agroalimentario y sus empresas auxiliares, dada su trascendencia para garantizar el abastecimiento a los mercados, desde el origen de la crisis se ha mantenido un contacto permanente con los representantes del sector, a fin de conocer sus necesidades, dar las soluciones posibles dentro de los ámbitos competenciales autonómicos y actuar como intermediarios en defensa de sus intereses frente al Gobierno central, con contactos permanentes con el Ministerio, siempre bajo los principios de lealtad, compromiso y colaboración. Han sido más de cincuenta reuniones mantenidas por videoconferencia las que hemos tenido con organizaciones y cooperativas agrarias, cofradías de pescadores, asociaciones de exportadores, sector ganadero…
Desde la perspectiva que da el tiempo transcurrido, quisiera hacer un merecido reconocimiento al sector agroalimentario de la Región de Murcia por su esfuerzo y contribución durante esta crisis, han estado a la altura de lo que la sociedad demandaba garantizando la seguridad de sus trabajadores y la calidad de sus producciones, han sido capaces de mantener el empleo y ejemplo de solidaridad con la donación de productos para los más necesitados.
Asimismo, la implicación de los empleados públicos de la Consejería ha sido muy alta, y desde la responsabilidad y su compromiso, han contribuido con su esfuerzo a paliar las consecuencias de esta pandemia.
Durante la etapa de confinamiento, ¿qué medidas se adoptaron en su Consejería para garantizar el trabajo y la continuidad de la tramitación de los distintos expedientes? ¿se ha continuado con las aprobaciones de los mismos? ¿Cómo se ha hecho?
La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente ha continuado prestando los servicios en la medida de sus posibilidades, con sus empleados públicos en teletrabajo y flexibilidad horaria, poniendo a su disposición los medios informáticos con los que se contaba, pero atendiendo las necesidades y realizando los trabajos que la nueva situación exigía.
La Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020 establecía la suspensión de los plazos administrativos mientras durase la declaración del estado de alarma, lo que implicaba la interrupción de la tramitación de los procedimientos, pero también regulaba la posibilidad de que el órgano competente pudiera acordar, mediante resolución motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos de los interesados en los procedimientos, siempre que éstos manifestaran su conformidad o cuando manifestaran conformidad con la no suspensión de los plazos.
También en su apartado 4 contemplaba como excepción a la suspensión de los plazos administrativos para la tramitación de los procedimientos que las entidades del sector público podrían acordar motivadamente la continuación de aquellos procedimientos…. “que sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios”.
Utilizando estas posibilidades que establecía la normativa, hemos continuado con la tramitación de los expedientes y, por eso, durante el confinamiento hemos gestionado expedientes de pago de ayudas al sector. Así, desde el 14/03/2020 hasta el 18/05/2020 hemos pagado con cargo al FEAGA a 4.987 beneficiarios un importe de casi 13 millones de euros en ayudas, y con cargo a FEADER algo más de 1,5 millones a 85 beneficiarios.
También se han dictado instrucciones y orientado al sector, por ejemplo el Servicio de Producción Animal elaboró una instrucción para proceder a la autorización provisional y condicionada de nuevas explotaciones ganaderas, ampliaciones y cambios de orientación productiva faltando únicamente la inspección de control y verificación, todo ello con el objetivo de no paralizar la actividad y que pudieran ser inscritas en el REGA, y también se han dictado instrucciones en materia de gestión de residuos a los Ayuntamientos y plantas de tratamiento en esta situación de crisis sanitaria.
La aprobación del Decreto-Ley de mitigación del impacto socioeconómico del Covid-19 en el área de Medio Ambiente y de la Orden de 5 de mayo de medidas urgentes en relación con la quema de podas agrícolas así como las Resoluciones dictadas por la Dirección General del Medio Natural regulando las autorizaciones de control y captura de determinadas especies durante el estado de alarma, son varios ejemplos de que la Consejería ha continuado gestionando sus competencias.
Y ha ido más allá, con la colaboración prestada por las Brigadas Forestales y sus Agentes Medioambientales en el operativo de desinfección en el que han participado con más de 362 vehículos y 2.359 efectivos, actuando en las lonjas de cinco localidades pesqueras, hospitales de la Región, centros de salud, estaciones de tren, autobuses, polígonos industriales o Mercamurcia, y en los espacios que los 45 ayuntamientos solicitaban.
¿Cuáles son las medidas fundamentales desde su punto de vista que deben adoptarse para solucionar el problema del Mar Menor y quién debe tomarlas?
En estos momentos, la presión más importante que soporta el Mar Menor es la entrada continua de aguas con elevada carga de nutrientes que, desde finales del pasado año, han provocado la ruptura del delicado equilibrio al que se había llegado tras dos años (2017 y 2018) de recuperación, y que ha reducido la capacidad que tiene el Mar Menor de responder ante sucesos como la DANA de septiembre de 2019.
Este nuevo escenario plantea la necesidad de implementar, con carácter de urgencia, medidas en origen destinadas a reducir, en el menor tiempo posible, estas entradas de aguas y nutrientes.
Las medidas concretas recomendadas desde los órganos de asesoramiento científico creados para el Mar Menor (Grupos de Trabajo del Comité de Asesoramiento Científico) para reducir estas entradas consisten en establecer una red de infraestructuras que permitan la gestión y tratamiento de las aguas que se utilizan y se generan en la cuenca de drenaje con el fin de reducir al máximo las entradas regulares y maximizar su reutilización.
Las dos principales medidas identificadas en el Plan Vertido Cero para reducir, a corto o medio plazo, la entrada de agua dulce y nutrientes son: la extracción directa de aguas para el drenaje del acuífero mediante drenes y derivación de las mismas para su tratamiento y vertido y la extracción de aguas subterráneas para aprovechamientos mediante pozos comunitarios y su posterior tratamiento y vertido. El impulso y puesta en marcha de estas dos medidas corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Por otro lado, a medio y largo plazo también es necesario adoptar medidas conducentes a una agricultura sostenible de precisión, incluyendo las propias estrategias de diversificación de secano y regadío, la implantación de setos, prácticas conducentes a minimizar el uso y la movilidad de nutrientes y las escorrentías superficiales y la erosión y transporte de sedimentos, la recuperación de zonas naturales y, en general, las previstas en el denominado Plan Vertido Cero. Gran parte de estas medidas se pusieron en marcha por parte del Gobierno Regional con la aprobación en diciembre del pasado año del Decreto-Ley nº 2/ 2019, de Protección Integral del Mar Menor. Con esta norma el Gobierno Regional dotó a la Administración Regional de una batería de instrumentos con los que asegurar la protección, recuperación, desarrollo y revalorización de la riqueza biológica, ambiental, económica, social y cultural del Mar Menor.
Entre esas medidas se encuentran las que inciden en la mejora de la ordenación y gestión territorial de la cuenca del Mar Menor. El principal instrumento de Ordenación Territorial llamado a vertebrar las estructuras territoriales y a disciplinar los usos globales en el Mar Menor y su cuenca vertiente es el Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del Mar Menor. La Dirección General de Territorio y Arquitectura ha sacado a licitación su redacción por un importe de más de 300.000 euros.
El Plan que se elabore abordará de manera integral el nuevo modelo territorial de la cuenca vertiente del Mar Menor, situándose por encima del resto de instrumentos de planeamiento vigentes, y fijará la correcta utilización de los recursos del territorio, persiguiendo cuatro objetivos fundamentales: la protección del Mar Menor y todo su sistema socioecológico; mejorar la calidad urbana y paisajística en el Mar Menor; el aprovechamiento de sus escasos recursos hídricos; y la lucha contra las inundaciones.
Este instrumento debe estar aprobado en el plazo máximo de 5 años, desde la entrada en vigor del Decreto-Ley 2/2019.
Si se toman estas medidas, ¿es posible recuperar el Mar Menor? ¿En cuánto tiempo?
El Mar Menor ha dado durante estos últimos años sobradas muestras de su capacidad de recuperación cuando las presiones externas al sistema se reducen. De hecho en los años 2017 y 2018 el ecosistema dio francas muestras de recuperación de su estado ecológico, con niveles bajos de nutrientes y clorofila y con la recuperación de las comunidades bentónicas, que se tradujo en la recuperación de la capacidad de autorregulación. Hay, por tanto, esperanza de poder recuperar el Mar Menor tal y como se conocía hace unos años.
El plazo para una recuperación y vuelta a las condiciones originarias del ecosistema es difícil de fijar, puesto que los ecosistemas lagunares son complejos y el conocimiento científico de que se dispone no permite realizar predicciones certeras sobre esto. Existen experiencias similares a las del Mar Menor en otros lugares del mundo donde la recuperación y consolidación de dicha recuperación ha llevado varias décadas y ha requerido de la actuación conjunta y en armonía de los distintos organismos públicos implicados y de la propia sociedad civil.
Y no menos importante es el papel del Gobierno de España, responsable de la aplicación de las medidas 5, 6 y 9 del Proyecto Vertido Cero para poner fin a la entrada de agua dulce con nutrientes a través de ramblas y del acuífero. Se trata de las actuaciones más urgentes y necesarias y las que mayor repercusión tendrán en el Mar Menor. Sin el compromiso del Ministerio, será imposible completar la recuperación.
De estas medidas, indíquenos por favor las que se han tomado ya, las que están en curso y plazos de las mismas, las que se están planteando y las que no están sobre la mesa actualmente y la administración de la que dependen.
En general, podemos decir que el diagnóstico de la situación actual ya está elaborado y que se conocen las causas de los problemas y se han identificado las soluciones necesarias para atajarlos. Todas estas actuaciones están recogidas en los distintos instrumentos de gestión y planificación que ha elaborado la administración en los últimos 5 o 6 años, siendo la Estrategia de Gestión Integrada de Zonas Costeras del Sistema Socio-Ecológico, del Mar Menor y su Entorno la Hoja de Ruta que la Administración Regional va a seguir, y está siguiendo ya, para alcanzar un modelo de gestión sostenible para el Mar Menor y toda su cuenca vertiente; un modelo de gestión que va a estar inspirado en principios de gobernanza y comprometido con la participación ciudadana.
Teniendo en cuenta la realidad que estamos viviendo, ¿cree que con estas soluciones que se están adoptando se va a solucionar el problema del Mar Menor? Si no es posible, indique las medidas indispensables para ello.
El conjunto de medidas fijadas en los instrumentos de gestión y planificación aprobados o en fase de aprobación recogen las actuaciones necesarias para lograr el objetivo de recuperar nuestro Mar Menor.
En estos momentos, las actuaciones más urgentes que deben acometerse, como queda explicado, son las dirigidas a reducir la entrada de agua y nutrientes al Mar Menor procedentes del acuífero y de la rambla del Albujón.
Con respecto al Proyecto de Ley del Mar Menor, se están debatiendo las enmiendas con los grupos políticos. En esta ley se ha buscado el equilibrio entre la protección del ecosistema y la garantía de los derechos de los ciudadanos y el mantenimiento de la vida y la actividad económica en la zona. Con las nuevas aportaciones, ¿considera que la norma va a mejorarse o por el contrario va a empeorar?, ¿en qué sentido?
El Gobierno Regional elaboró durante los meses de octubre a diciembre la norma para la protección integral del Mar Menor, y para ello contó con la opinión de los distintos sectores implicados. A través del proceso de participación pública que se llevó a cabo para su redacción se recogieron más de 300 aportaciones, que se tuvieron en cuenta a la hora de redactar la norma. Recibimos y escuchamos a todos los sectores implicados, asociaciones y particulares que mostraron interés en contribuir con la recuperación del Mar Menor.
Actualmente, es la Asamblea Regional, la institución que tiene la capacidad de legislar, la que ha tomado la palabra, y una vez sea aprobada la normativa le corresponderá al Gobierno su aplicación.
Para continuar, y centrándonos en esta nueva etapa, es necesario adoptar nuevas iniciativas para simplificar y agilizar los trámites administrativos. Una demanda común de todos los sectores económicos tiene que ver con el funcionamiento de Medio Ambiente y la parálisis de los expedientes. ¿Qué pasos se han dado en la Consejería para mejorar las tramitaciones?
Ante todo, y como primer paso, se ha tramitado una modificación de la Ley 4/2009 de Protección Ambiental Integrada, con el objetivo de unificar y simplificar procedimientos.
En este sentido, se ha propuesto una modificación de la Legislación Medioambiental que se está tramitando como Proyecto de Ley. ¿Qué medidas se han propuesto desde su consejería para mejorar el sistema?
Entre las novedades destaca la creación de una plataforma informática de comunicación, en el proceso de evaluación ambiental, para acceso y transmisión de documentación con la debida seguridad jurídica. Los municipios realizarán la evaluación ambiental de planes parciales, planes especiales y proyectos de urbanización que los desarrollen.
Se crea el marco para que el Consejo de Gobierno pueda establecer y actualizar reglamentariamente valores límite y niveles genéricos de referencia en relación con la contaminación. Y en el plazo de 30 días, se dispondrá de autorización ambiental sectorial para las modificaciones no sustanciales de instalaciones existentes.
Y, finalmente, para proyectos ya evaluados ambientalmente, no será necesaria nueva evaluación ambiental para modificaciones que no superen el 30% de consumo de materias primas, vertidos, emisiones y generación de residuos, siempre y cuando la modificación no supere por sí misma los umbrales de evaluación ambiental fijados en la legislación básica estatal, y no afecte a la Red Natura ni al patrimonio cultural.
Teniendo en cuenta su profundo conocimiento de la problemática medioambiental y de la Región de Murcia, estamos seguros de que en esta cuarentena ha tenido tiempo para meditar y de buscar soluciones. ¿Qué otras medidas considera que sería interesante adoptar en esta región?
Debemos completar los objetivos de nuestro Plan de Gestión de Residuos, para lo cual resulta fundamental la implantación de la recogida selectiva de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos, con la adaptación de nuestras plantas de tratamiento y plantas de transferencia.
Otras medidas son impulsar medidas dentro de la estrategia de economía circular y aprobación de nuestra propia estrategia, así como seguir avanzando en los procesos administrativos que concluyan en la descontaminación efectiva de suelos contaminados.
El hecho de que esta modificación se esté tramitando como proyecto de Ley ha permitido a los grupos políticos presentar una serie de enmiendas. ¿Cómo van a afectar estas al resultado final?
Las modificaciones planteadas tienen un carácter muy técnico y ejecutivo. El que se tramite como proyecto de ley permite introducir modificaciones que, en todo caso, deben estar muy calibradas, dado que tienen efectos en cadena en otras legislaciones vinculadas a la propia Ley 4/2009.
Para centrarnos en temas concretos, hay una serie de aspectos que desde nuestro punto de vista pueden ayudar de manera notable para dinamizar nuestro sector, y nos gustaría conocer su opinión sobre los mismos.
Entidades Colaboradoras en la tramitación de los expedientes medioambientales.
Los expedientes deben ser tramitados e informados por el cuerpo de funcionarios de la Consejería, seguiremos buscando fórmulas para colaborar y encontrar nuevas vías que favorezcan la agilización administrativa, sin que ello suponga una pérdida de garantías legales en el proceso.
Pasos necesarios para conseguir,
Evitar duplicidades en las evaluaciones ambientales. Que cada ámbito sea evaluado una vez, de modo que la tramitación de instrumentos de planeamiento sucesivos sobre el mismo no implique sucesivas evaluaciones.
Estas cuestiones de evaluación en cascada ya está contemplada en la legislación, el trabajo que tenemos que realizar está encaminado a hacerla efectiva.
Exclusión de los Proyectos de Urbanización.
Los proyectos de urbanización deben evaluarse dado que se contempla en la legislación básica estatal.
Exclusión de las modificaciones normativas.
Debemos tener en cuenta la legislación básica estatal. En este sentido, los estudios de detalle no estarán sometidos a evaluación ambiental, tal y como regula la LOTURM.
Asignación de las evaluaciones ambientales, tanto ordinarias como simplificadas a los ayuntamientos.
Los Ayuntamientos serán órganos ambientales en la tramitación de modificaciones no estructurales de planes generales, planes parciales, planes especiales y los proyectos de urbanización que los desarrollen.
Desarrollar Guías orientativas para clarificar y ayudar en la aplicación de criterios interpretativos de las normas ambientales a los Ayuntamientos, criterios que en ocasiones son indeterminados y ambiguos, lo que favorece la arbitrariedad y la inseguridad jurídica. Por ejemplo en la concreción de la definición de “efecto significativo”, tan relevante para determinar si un plan se tramita por el procedimiento ordinario o simplificado.
Se están preparando guías para orientar a todos los agentes implicados en la tramitación de evaluaciones ambientales, la primera guía que vamos a realizar será la destinada a evaluación ambiental estratégica.